Parecería que la discusión sobre la legitimidad del periodismo ciudadano frente a la práctica profesional y académica se da y sólo es relevante en escenarios (socio-político-económico-culturales) donde el peso de los sectores de poder y el de la opinión pública están en constante balanceo, puja o vaivén, pero nunca en relación de absoluta supremacía el primero sobre el otro.

En los países donde la más básica libertad de expresión y el acceso a la información están en la frontera de los ideales, esta discusión se evidencia improcedente e inoportuna.

En tal sentido, podríamos distinguir dos actitudes: la de un periodismo ciudadano activista, resultado de condiciones precarias de libertad de expresión. Y la de otro periodismo ciudadano, aburguesado y consecuente con un generoso acceso a la abundancia tecnológica.

En el primer caso, la legitimidad del periodismo ciudadano surge, más que como un fenómeno subsidiario del acceso del común de la gente a la nueva aparatología, como una necesidad frente a situaciones de opresión, ocultamiento de la verdad y mentira sistematizada.

Allí, donde hablar con voz propia es un riesgo, las nuevas tecnologías vienen sólo a potenciar aquella actitud proactiva: la de marcar la diferencia con las posibilidades que brinda la tecnología.

Un ejemplo: Una ONG nuclea a estudiantes que luchan con sus blogs para restablecer la educación en Uganda. Restablecer la educación: suena caótico aún para los que vivimos en un país, Argentina, donde hay cada vez menos días de clase por las huelgas. Una imagen apocalíptica, de película; como luchar por la falta global de agua o contra muertos vivos. Eso pasa en Uganda. Y eso hacen alumnos que toman las herramientas de comunicación social disponibles para esbozar un cambio.

En el segundo caso, me surge una pregunta: ¿cuándo cobra vigor la legitimidad del periodismo ciudadano burgués?